Con la venia de la presidencia;
Diputadas y diputados:
Hoy todos los que aquí nos encontramos, formamos parte de la legislatura de la paridad de género, lo cual se logró por la lucha de miles de mujeres que por décadas han luchado para reconocerles como iguales en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país.
Sin restar importancia al ámbito privado, la presente iniciativa tiene como fin primordial la tutela de esa desigualdad violenta que aún viven muchas mujeres desde el ámbito público.
Los reclamos sociales originaron una serie de reformas electorales constitucionales y legales que culminaron con la obligatoriedad de garantizar el principio de paridad de género a través de la implementación de acciones afirmativas, lo que sin duda ha contribuido al reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el país.
Cabe recordar aquel asunto en que la Sala Regional Monterrey modificó el orden de prelación de las listas de candidatos plurinominales, con el fin de lograr una integración paritaria, situación que fue ratificada por la Sala Superior con ciertas medidas para la alteración de las listas.
Dicha medida no fue del todo abrazada, pues desató una serie de litigios judiciales con el fin de revertir esas acciones afirmativas; sin embargo, la inercia política, hizo que los órganos electorales, lejos de retroceder, ampliaran la acción afirmativa estableciendo como medida innovadora y pertinente, la paridad horizontal en la postulación de cargos de elección popular de los Ayuntamientos que integran cada entidad federativa.
Prueba de la eficacia de la adopción de estas medidas, son los resultados electorales donde según fuentes del Instituto Nacional Electoral, en la elección pasada se alcanzó una conformación paritaria histórica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al integrarse por un 48.48 por ciento de mujeres y un 51.20 por ciento hombres en comparación con un 7.80 por ciento de mujeres y un 96.20 por ciento de hombres que se tuvo registrado en el año de 1991.
No obstante lo anterior, sabemos que estos esfuerzos no han sido suficientes pues si bien se ha logrado alcanzar una igualdad formal, aún nos encontramos lejos de una igualdad sustantiva en la cual, las mujeres que acceden al poder de manera legítima puedan ejercerlo de forma libre y sin ningún tipo de violencia.
A pesar de la celebración de diversos tratados internacionales, de la existencia de un Protocolo para la Violencia Política contra las Mujeres, suscrito en el año 2017, los acontecimientos suscitados en contra del libre ejercicio de poder público de las mujeres, como el caso de la renuncia masiva a cargos de elección popular en Chiapas, los obstáculos de algunos presidentes municipales en Oaxaca en contra de integrantes del cabildo, hacen necesario que nuestra legislación establezca como delito electoral, la violencia política por razón de género y que esto pueda ser perseguido y sancionado por las autoridades especializadas en materia penal.
Para el Partido Verde es una necesidad trabajar para erradicar prácticas que vayan en contra de la normalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
Por lo que estamos convencidos de que para erradicar estas prácticas ya no sólo es necesario la sensibilización a los actores políticos, autoridades a la ciudadanía en general, sino tipificarlo como delito para que se investigue y sancione con todo el peso de la ley a quienes la cometan.
Únicamente de esta manera podremos lograr una erradicación paulatina del ejercicio de violencia política y acceder a una igualdad verdaderamente sustantiva y no sólo formal.
Es cuanto, muchas gracias.
