Al respecto la Presidenta de la Comisión de Vivienda, María Elena Barrera Tapia, señaló que el modelo de la política habitacional en nuestro país aún es excluyente pues está estructurando en torno a lo que se puede llamar como el enfoque de la “financiación”, en donde se erige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.
Comentó que con la vigente ley en la materia se redefinieron los lineamientos de la política nacional en vivienda, así como los contenidos del Programa Nacional de Vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional denominada “Sistema Nacional de Vivienda”.
“El texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contara con un Consejo Nacional de Vivienda que tendría como objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución, y seguimiento de la política nacional en este tema, y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones en esta materia”, mencionó.
Además, dijo, el Estado Mexicano implementó políticas habitacionales, creando organismos y mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con la previsto en la ley.
La legisladora mexiquense detalló que en la estrategia concurren tres figuras: el trabajador, el patrón y el Estado, quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conformación de los fondos.
Aseveró que bajo ese esquema es necesario que los trabajadores participen en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de vivienda, para velar por sus intereses y sus derechos. Subrayó que como la vivienda es una garantía constitucional, es preciso que os representantes del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimiento de este mandato establecido en la Carta Marga.
“Es de suma importancia la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de los programas de vivienda”, destacó.
Finalmente aseveró que la normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social. “Es atendible la propuesta legislativa de incorporar a los representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales al Consejo Nacional de Vivienda, pues con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la Política Nacional de Vivienda.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
