El panel intergubernamental de cambio climático, ha indicado que los incrementos en la temperatura global del planeta, tienen su origen en actividades antropogénicas.
Particularmente, en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación. Así como en aquellos procesos que consumen energía, donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.
De las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo, es importante señalar, los efectos que no inciden por igual en todas las regiones del mundo; siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.
México no es la excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que nuestro país sea una zona vulnerable.
Ubicado a este fenómeno, como un asunto de seguridad nacional.
Es de destacar, que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos, afectan mayoritariamente a los sectores más pobres; quienes debido, principalmente, a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias y ubicadas en zonas de alto riesgo y son quienes, precisamente, sufren mayores pérdidas humanas y económicas.
A pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un fenómeno meteorológico, hacer su seguimiento de su trayectoria y de predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde la tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se ponen en práctica una política activa de prevención durante y después de este acontecimiento.
Por ello, uno de los pasos más importantes que puede dar un país, para mitigar el impacto de los huracanes, es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y la severidad de ocurrencias en el pasado.
Hay dos medidas de mitigación: las estructurales y las no estructurales.
Ambas, deben de considerarse, tomando en cuenta las dificultades de su implementación, el análisis estadístico y los efectos a largo plazo.
Las medidas no estructurales, son las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo. Y las medidas estructurales, atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales.
Las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido esta problemática, que por supuesto se presenta en la construcción de las zonas en riesgo. Además de que la tendencia estriba en evitarla, en conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional en riesgo.
El riesgo no solo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres.
Se debe migrar de la visión abstencionista o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención, mitigación o gestión del riesgo; que no solo involucra la preparación para emergencias, sino la reducción de la vulnerabilidad.
No es extraño que en entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.
Evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos, y se han dado casos en los que ciertas autoridades han diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada sino ante la comunidad internacional.
Hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo.
En la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo. Es urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.
Las personas deben tomar conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.
Es indispensable, pues, contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.
Muchas gracias, señor Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
